Rosique ha criticado la legislación que determinadas comunidades autónomas han hecho fijando el copago para las personas en situación de dependencia, lo que en su opinión supone un agravio y una injusticia hacia las personas dependientes y con discapacidad, "algo que el CERMI pide que se rectifique, y para ello solicita, a través de una ILP, que se establezcan criterios claros en la ley para que ninguna comunidad autónoma pueda aplicar criterios arbitrarios que supongan, como está sucediendo, un perjuicio para estas personas."

 

"Tal como denuncia el CERMI, este copago confiscatorio es totalmente injusto, y está produciendo que miles de personas sean expulsadas del sistema de la Dependencia y se queden sin cobertura de las prestaciones que esta ley les garantizaba", ha subrayado.

 

La diputada ha puesto de manifiesto que, según los datos del propio IMSERSO, la Región de Murcia está entre las comunidades autónomas donde más injustos copagos se han aplicado, junto con la Comunidad Valenciana y Canarias.

 

"Estos datos no nos pueden extrañar. En nuestra Comunidad Autónoma, en 2010 el decreto que regulaba los copagos establecía que en una plaza de centro de día los dependientes no pagarían más del 65 por ciento del precio de la plaza, y en una plaza de residencia no más del 90 por ciento. Sin embargo, en junio de 2012 el Partido Popular aprobó en la Asamblea Regional la Ley 6/2012 que daba un tremendo salto en el incremento de los copagos. Unos copagos totalmente injustos, donde se pasó a pagar el 90 por ciento en una plaza de centro de día y el 100 por cien en una plaza de residencia, al tiempo que se recortaba considerablemente el dinero de bolsillo a las personas que ocupaban una plaza de residencia", ha añadido.

 

Y ha recordado que desde el PSOE se han venido denunciando estos injustos copagos y se han presentado iniciativas parlamentarias "para intentar que estos copagos fuesen eliminados y retrotraernos a lo que estaba establecido en 2010".

 

Entre las modificaciones de la Ley que el CERMI solicita se encuentran aquellas que dicen que quedarán exentos de participación en el coste de las prestaciones aquellos beneficiarios cuya capacidad económica personal no supere en 2,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) y que en ningún caso la participación del beneficiario en el coste de los servicios superará el 60 por ciento del precio de referencia que se haya establecido para los mismos. Asimismo piden que la participación en el coste de los servicios deberá garantizar a las personas beneficiarias al menos una cantidad mínima para gastos personales que será del 40 por ciento del IPREM correspondiente.

 

"Desde el primer momento el PSOE se ha opuesto radicalmente a los recortes en materia de dependencia y a los incrementos injustos en el copago que tanto Rajoy como Valcárcel han aplicado a través de reales decretos o de leyes regionales, como las aprobadas en junio de 2012 y en junio de 2013, que han supuesto un auténtico mazazo a las personas en situación de dependencia, con unos incrementos insostenibles del copago y unos recortes totalmente inaceptables de las ayudas económicas. A esto hay que sumar el frenazo en seco que han producido en la incorporación de miles de personas a los derechos y prestaciones que la Ley de Dependencia les garantizaba", ha finalizado.